ORANGE COUNTY DEJA DE SER CIUDAD SANTUARIO, SE EXCLUYE DE LA LEY SB54
- Redacción
- 27 mar 2018
- 2 Min. de lectura
ORGANGE, CALIFORNIA.- Con tres votos a favor y cero en contra la Junta de Supervisores del condado de Orange aprobó hoy excluirse de las disposiciones de santuario aprobadas por el estado de California a partir de enero pasado y se suman en el mismo sentido al Departamento del Sheriff del condado de Orange.
La junta resolvió avanzar en el rechazo a la aplicación de medidas aprobadas en el estado basadas en la Ley SB54 que prohíben a autoridades locales de apoyar actividades de autoridades migratorias.
De esta forma la junta decidió unirse a una demanda federal contra las leyes de santuario de California. La víspera el Departamento del Sheriff del condado de Orange anuncio que revelará de forma pública la lista de excarcelados a fin de que si sean detenidos por autoridades migratorias.
La Ley SB 54, que el gobernador Jerry Brown firmó después de que la Legislatura la aprobó en 2017, prohíbe a las agencias policiales estatales y locales notificar a los funcionarios federales en muchos casos cuando los inmigrantes potencialmente sujetos a la deportación están a punto de ser liberados de la custodia.
La administración de Trump acudió al tribunal federal para invalidar las leyes estatales, acusando que obstruyen flagrantemente la ley federal de inmigración y, por lo tanto, violan la cláusula de supremacía de la Constitución, que da prioridad a la ley federal sobre las medidas estatales. Ese caso está pendiente.
Otras ciudades como Yorba Linda, Buena Park, Huntington Beach y Mission Viejo, junto con Los Alamitos, están comenzando a tomar medidas para expresar sus quejas en contra de las leyes estatales de santuario.
"Impulsar una agenda racista y antiinmigrante desprovista de hechos o apoyar el análisis legal es un uso bastante triste de los recursos de los contribuyentes, especialmente cuando podría resultar en costos legales paralizantes para las ciudades que se apresuran a unirse a este esfuerzo sin salida", dijo eel senador estatal Kevin de León una declaración escrita.
En los años 90, el Condado de Orange dio origen a la Proposición 187, una iniciativa aprobada por los votantes que buscaba denegar servicios públicos como la educación pública y la atención sanitaria a personas ilegales en el paí; la medida finalmente fue anulada en los tribunales.
Costa Mesa aprobó las ordenanzas contra los jornaleros y se convirtió en el epicentro del movimiento antiinmigración ilegal a mediados de la década de 2000.
Desde entonces, gran parte del fervor contra la inmigración ilegal en el condado se ha aliviado después de que muchas de sus ciudades experimentaron una afluencia de inmigrantes latinos y asiáticos.
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